Ha sido trágica la muerte de una joven de 15 años en el hospital de Balbuena del Gobierno del Distrito Federal, por un aborto mal inducido, el pasado 15 de febrero.
La opinión pública ha comentado este suceso por tratarse de la primera muerte de una madre, en su intento por abortar, desde aquel 24 de abril del 2007, cuando fue despenalizada esta práctica en la ciudad de México, durante las primeras 12 semanas de gestación.
La Secretaría de Salud del Distrito Federal ha argumentado que el fallecimiento se debió a una complicación debido a que el embarazo era superior a la 12 semanas de gestación contempladas en la ley. Ley que, por lo demás, resulta inicua, injusta y tan ridícula como para pensar que no hay vida y persona humana antes de estas 12 semanas. Como si la persona humana surgiera por decisión jurídica -con pretensiones divinas y dogmáticas- , un día después de este periodo de tiempo.
Es una pena que, de abril de 2007 a febrero de 2008, la opinión pública poco haya hablado, en cambio, de la escandalosa carnicería de 5 mil 845 asesinatos legales de niños indefensos en el vientre materno (según cifras oficiales), que han ocurrido en los hospitales del Gobierno del Distrito Federal, tras la decisión de la Asamblea Legislativa capitalina de permitir el aborto en esta ciudad, esgrimiendo supuestos “derechos de las madres sobre su propio cuerpo”, cuando, en realidad, su hijo no forma parte de su cuerpo, aunque se desarrolle dentro de él. Un aborto no es una amputación de un miembro propio, sino la privación de la vida de un ser independiente.
Los diputados de esta legislatura han defendido la “eliminación de seres humanos indefensos en gestación” con el argumento de que es justo asesinar a los niños en el vientre de su madre si estos se oponen al proyecto de vida de la mujer; sin embargo, una encuesta realizada por consulta Mitofsky, dada a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resume que al menos el 70.4 por ciento de la población mexicana desaprueba el aborto cuando el embarazo afecta el proyecto de vida de la mujer, el 77.4 por ciento cuando sólo es deseo de la mujer el practicárselo, y el 67 por ciento cuando se trata de una jovencita. La suavización del lenguaje legislativo con el término “interrupción de embarazo”, no cambia en nada la realidad en el sentido de que el aborto es un crimen.
Lamentemos, sí, la muerte de esta joven madre, pero lloremos avergonzados por los más de cinco mil asesinatos perpetrados contra seres inocentes e indefensos en los hospitales de nuestra ciudad homicida. |